domingo, 9 de agosto de 2009

Manual de ignominia (1ª edición)

Hasta cierto punto es comprensible que al PP se le acumule la ansiedad tras cinco años en la oposición si tenemos en cuenta su incapacidad histórica para asumir con naturalidad esta condición democrática, fácil de concebir de forma transitoria. Dos elecciones generales con sendas derrotas consecutivas, división interna con asuntos de calado como la red de espionaje en Madrid, los casos de corrupción urbanística o la trama Gürtel. Todo ello frente a un gobierno remodelado hace seis meses, que capea como puede una crisis económica sin precedentes y que precisa trabajar de lo lindo en el congreso para pactar una a una todas las iniciativas y reformas legislativas. Una cámara, dicho sea de paso, en la que los conservadores no albergan ninguna esperanza de plantear alianzas políticas que alumbren una moción de censura, quedando casi tres años de legislatura... Sí, en efecto es comprensible la ansiedad, pero en sí misma, sin canalizar adecuadamente, no sirve para nada. ¿O piensa el PP que sí?

El equipo jurídico dirigido por Federico Trillo, cansado de sudar la gota gorda para defenderse ha decidido cambiar de estrategia como sea. Como jurista y político es conocedor de la influencia que el ministerio ejerce sobre algunas de las instancias judiciales, especialmente la Fiscalía General del Estado, como también sabe perfectamente, aunque no lo diga, que esta influencia deriva del propio ordenamiento jurídico y también, por qué no, del legítimo empeño político. El mismo que regulaba las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial en la etapa del gobierno en la que al letrado Trillo su partido sólo le daba la cartera de Defensa.

Quizás asesorada por él, María Dolores de Cospedal, abogada del Estado de vacaciones, ha acusado al gobierno de pervertir el uso de algunos de los instrumentos más sensibles del Estado de derecho al servicio de sus intereses políticos, e implícitamente a éstos, de prestarse a ello. Pero no ha formulado esta acusación en los tribunales sino ante los medios de comunicación, y lo que es peor, partiendo de la presunción de culpabilidad ha retado al gobierno a demostrar su inocencia. Respondiendo a la anterior pregunta, me temo que es mucho pensar que el PP no piense que en efecto sirva para algo poner sobre la mesa un asunto de este calado. Y no le faltan argumentos, aunque estén, como están, hechos en la fábrica de la zafiedad. Las cuentas les dicen: Ganamos cortina de humo informativa sobre asuntos turbios que nos afectan y ocupan las portadas semana tras semana, sembramos dudas sobre la honorabilidad de ZP y damos su ración de inquina a nuestros votantes más fieles. Perdemos... está por ver.
El Estado, encarnado en sus altos funcionarios y sus juecesdeben, desde la obligación ética de sus cargos, defender a los españoles con rotundidad de este intento de descrédito de sus instituciones y demostrar sin género de dudas la fortaleza real y la transparencia de nuestro sistema democrático. Si esto no se consigue se estará sentando un precedente muy peligroso, ya no porque pueda crear escuela de “estrategia política para cruzar líneas rojas con éxito”, pues gran parte de la población ya da por hecho que éste es el libro de cabecera de todos los políticos, sino porque el pueblo encontrará legitimidad de sobra para dudar de todo, y eso conlleva que la pueda cuestionarse si en efecto detenta la soberanía o sólo lo parece.